Política de la canalización

En el marco de la reciente y postergada reunión con las organizaciones sociales que luchan por abatir la violencia en nuestro país, Felipe Calderón se refirió a un concepto interesante que todos los días se practica en los diversos órdenes de gobierno y que todos los días debemos padecer los millones de ciudadanos que seguimos acudiendo a buscar solución en las múltiples ventanillas de atención al público.




FCH se refería en particular a la falta de respuesta que enfrentan las víctimas de la violencia cuando van en busca de justicia ante actos criminales que los agravian directamente o a sus familiares. La alusión fue clara respecto de las instituciones de procuración y administración de justicia. Una suerte de autocrítica a una actitud que no ha logrado ser superada en los hechos. Muy poca gente podría sentirse efectivamente satisfecha de la respuesta gubernamental ante las acciones de los criminales y de algunas corporaciones policiales y militares.

En este contexto, la política de la canalización es la que aplican los servidores públicos para quitarse un asunto de encima. Siempre encontrarán una buena justificación. O no les corresponde o no son competentes o no tienen personal o algo que se les ocurra y sirva para desmarcarse del tema. Ésa es la política de la canalización y es muy antigua. Por supuesto no la inventó este gobierno. Es muy común apreciarla en las instituciones de salud, donde con frecuencia “canalizan” a los enfermos a otros hospitales porque “aquí no tenemos camas” o “no tienen los derechos actualizados” o cualquier otra buena justificación.




En el tema de la violencia, Calderón Hinojosa tuvo que reconocer que esa práctica sigue vigente y que no son pocas las instituciones que lejos de atender a las víctimas y a sus familiares, siguen buscando la forma de “batear” los asuntos. Por eso se hizo necesaria la creación de una nueva instancia, la Procuraduría de Atención a las Víctimas. En su nomenclatura le hizo falta precisar que se trataba de las víctimas de la violencia, lo cual generó que FCH aclarara que no todas sus instrucciones se cumplen dentro de las instituciones del gobierno federal, ya que él así lo había dispuesto, pero sus colaboradores resolvieron en otro sentido. Queda en evidencia que dentro de la administración federal persisten parcelas de poder distintas a las de quien ejerce la titularidad.




Este tema salió a colación en el marco del segundo diálogo que se realizó con los integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabeza Javier Sicilia, así como con otras organizaciones dentro de las cuales figuran personajes como Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí. El escenario fue el Alcázar del Castillo de Chapultepec, en la ciudad de México y la duración aproximada de seis horas. Desde luego la reunión generó diversas opiniones y fue cuestionado el papel del gobierno calderonista en la génesis de lo que se sigue calificando como “guerra estúpida”.




Amén de particularizar en otros aspectos, sería interesante que se pudiera dejar instituido el esquema de estos diálogos como una aportación hacia adelante, en el sentido de que éste y otros temas deben ser atendidos por los servidores públicos sin limitaciones de tiempo y con una amplia apertura para la expresión ordenada de las posturas de los ciudadanos, sin esperar que sean coincidentes con las opiniones o ideas de los gobernantes. Acabar con la política de la canalización y dejar establecida la política del diálogo con el concurso de servidores públicos de primer nivel podrían ser buenas aportaciones para por lo menos mitigar en parte, todo ese saldo desfavorable que nos ha dejado esta política de fuerza contra fuerza que a los ciudadanos nos ha llevado “entre las patas”.




Si en efecto se pudieran realizar estos ejercicios de escucha a los ciudadanos, probablemente las manifestaciones públicas, marchas, bloqueos, plantones y demás formas de movilización social podrían reducirse y lograr un ambiente de menor crispación. Seguramente, no obstante de que muchos de los temas tienen difícil o imposible solución, se percibiría una disposición de atención y la sociedad entendería que si no alcanzan los recursos, al menos hay la voluntad de escuchar los problemas e irles dando solución. Bien decía un viejo político jalisciense: “Estoy de acuerdo que no todos los problemas tienen solución, pero por lo menos, todos los asuntos deben tener atención”. Por esto, sería de mucha utilidad que acabáramos de una vez por todas con la política de la canalización y la desterráramos para siempre de nuestras instituciones.